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¡Pa' fuera! Odebrecht despide a empleados por mala práctica
La compañía de construcción e ingeniería brasileña Odebrecht cuenta en Argentina y en los demás países con un sistema de denuncias e investigación interna que desemboca en el despido de los empleados involucrados en malas prácticas. Olga Puentes, ejecutiva de Odebrecht, habló de la implantación de este sistema en una conferencia internacional sobre la ley estadounidense contra prácticas corruptas en el extranjero según una publicación del diario brasileño "Folha de Sao Paulo". Puentes aseguró que la tolerancia contra las malas prácticas en su empresa hoy en día es "cero" e informó de que el sistema de denuncias anónimas fue perfeccionado con el paso del tiempo. Ese sistema, administrado por una empresa independiente, dio como fruto varios despidos, según Puentes, que sostiene que "la gente llama hasta decir que ha desaparecido un real de la mesa de trabajo". En esta conferencia, a la que la empresa brasileña fue invitada para compartir lecciones sobre transparencia y prácticas anticorrupción, Puentes explicó el funcionamiento del departamento creado por ella para fiscalizar las conductas empresariales del grupo, que responde ante el consejo de administración. Ese departamento, que actualmente cuenta con 73 empleados, actúa con independencia para investigar a quién desea y su trabajo es fiscalizado por supervisores nombrados las autoridades brasileñas y estadounidenses, con quienes Odebrecht llegó a un acuerdo al respecto. Olga Puentes dijo que pretende que Odebrecht sea reconocida en el futuro "como una compañía de actuación ética, íntegra y transparente", a pesar de que esta meta sea recibida con desconfianza. Odebrecht, implicada en el que fue considerado como el mayor caso de corrupción de la historia, cerró un acuerdo de delación con el Departamento de Justicia estadounidense, tras admitir el pago de mil millones dólares en sobornos en 12 países, que implica su monitoreo hasta dentro de dos años. La constructora está vendiendo parte de sus activos para pagar las multas con la Justicia, que llegan a 8.500 millones de reales (unos 2.600 millones de dólares), mientras que el número de sus empleados descendió de 200.000 a 80.000.
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