La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está trabajando para que Nicaragua no se transforme en una nueva Venezuela, es decir, un país cerrado que cuestiona la legitimidad de sus instituciones demócratas, dijo hoy a Efe el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.
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Abrão se pronunció sobre las similitudes y diferencias entre Venezuela, sumergida en una grave crisis económica y social, y Nicaragua, donde entre 277 y 351 personas han muerto, según organismos humanitarios, y más de 2.000 han resultado heridas en las protestas que piden la renuncia del presidente, Daniel Ortega.
Lo que hay de común es la respuesta autoritaria por parte de las autoridades, en el sentido de no privilegiar una conciliación para alcanzar soluciones a la crisis, explicó Abrão.
Lo que hay de diferencia -añadió- es el rol que las fuerzas armadas están jugando porque, en Nicaragua, las Fuerzas Armadas todavía no se han decidido explícitamente a apoyar al Gobierno.
En Venezuela, las Fuerzas Armadas se mantienen leales al presidente, Nicolás Maduro; pero, en Nicaragua, el Ejército no ha mostrado el mismo apoyo por Ortega y, en mayo, llegó a distanciarse del Ejecutivo al asegurar que no iba a reprimir a los manifestantes.
Protestas contra Daniel Ortega
Organizaciones políticas como el opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD) pidieron este mes al jefe del Ejército, Julio César Avilés, que desarme a los grupos paramilitares que respaldan a Ortega y que, según la CIDH, actúan con el consentimiento de la Policía Nacional.
Según dijo Abrão, la CIDH está identificando cada vez más que Nicaragua camina hacia lo que ha pasado en Venezuela, es decir, un país cerrado, con un autocuestionamiento de sus instituciones democráticas.
Lo que se intenta hoy es que Nicaragua no se transforme en una nueva Venezuela, añadió.
Las protestas contra el presidente Daniel Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se han convertido en un reclamo que pide su renuncia, después de 11 años en el gobierno, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
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La violencia se ha recrudecido en los últimos días con ataques a ciudades controladas por la oposición, como Masaya, lo que ha provocado la condena de la comunidad internacional.
