La competencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para juzgar al expresidente de la República, Ricardo Martinelli (RM), es algo que sigue manteniendo dividida la decisión de los nueve magistrados del pleno.
Esto quedó evidenciado con la decisión que adoptó el pleno de la CSJ, que estuvo presidido por el magistrado Hernán De León, de no admitir las solicitudes hechas por la defensa técnica de una revisón médico legal y en cambio de la medida cautelar distinta a la detención provisional.
Con tres salvamentos de voto el pleno decidió no aceptar la revisión médica por considerarla no viable y no tener competencia para adoptar dicha determinación, mientras que la revisión de la medida cautelar de detención provisional, fue descartada por considerarla sin fundamento y no se comprobó que las situaciones han variado.
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Los magistrados Ángela Russo, Asunción Alonso y Efrén Tello salvaron su voto por considerar que antes de tomar cualquier decisión sobre la solicitudes hechas por la defensa técnica se debe entrar a analizar de fondo si la CSJ aún tiene competencia o no para conocer de la causa, ya que desde el 27 de junio de 2018, RM no es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Concluyeron en que no se ha abordado el tema de la competencia y se adoptan otras decisiones que debieran ser secundarias a dicho análisis.
El fuerte de las peticiones
Le correspondió a la defensa del expresidente, RM sustentar ante el pleno de la CSJ la solicitud de una evaluación médica por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), y el cambio de medida cautelar distinta a la detención provisional.
El abogado Carlos Carrillo presentó al tribunal la petición sobre la revisión médica con un informe de 500 páginas que detallaban las diferentes complicaciones de salud y atenciones que han requirido su estado actual.
Dejando claro que solamente se han llevado a cabo dos evaluaciones médicas, el 12 y 13 de septiembre de 2018, pidió que se remitieran los oficios al Imelcf para que fuera determinada su condición de salud durante el proceso.
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El representante legal del querellante autónomo, Rosendo Rivera, el jurista David Cuevas solicitó al pleno que no se realizara el acto de audiencia por no haber notificado a todas las víctimas de los supuestos pinchazos telefónicos, pero esto no fue aceptado por el magistrado presidente.
Sin embargo, Sidney Sittón abordó el tema del cambio de medida cautelar, recalcando que el último día que se hizo una revisión fue el pasado 20 de junio.
El representante de RM indicó que el pleno de la CSJ había perdido la competencia desde la audiencia en la fecha antes citada, ya que Martinelli no estaba en la condición de diputado del Parlamento Centroamericano.
Aportando una serie de documentación que dan constancia del arraigo familiar, social y político, solicitó que se hiciera un cambio de medida cautelar por la notificación periódica, impedimento de salida del país, concurrir a determinados lugares, realizar algunas actividades arresto domiciliario.
Adicional sustentó la opción de la localización satelital, entregando tres teléfonos móviles los cuales serían, uno para la fiscalía, la defensa técnica y otro para la Oficina Judicial, para que se pueda localizar en tiempo real y se puedan realizar videos llamadas para comprobar la ubicación mediante un GPS.
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El magistrado fiscal, Harry Díaz no se opuso a la revisión médica, pero solicitó que fuera de manera integral y no con médicos privados. Detalló que se han realizado 75 asistencias médica.
En cuanto al cambio de medida cautelar se opuso y pidió que no se le diera casa por cárcel ni hospital por cárcel.
De igual manera, Cuevas, por parte de la querella autónoma, se opuso a ambas solicitudes, una por considerarla inconducente y la segunda porque no se había presentado el argumento necesario.
Martinelli recalcó que es inocente y todo lo que se está haciendo es una injusticia para perjudicarlo. Insistió que no quieren dilatar el proceso, pidiendo que se le quitara la pausa y se le pusiera la prisa. "Vine a limpiar mi nombre y a demostrar mi inocencia", recalcó.
La audiencia tardó más de ocho horas, estableciéndose un período de receso a las 12:41 p.m. para ser reaunudada a las 7:25 p.m. en donde el magistrado Abel Augusto Zamorano leyó la decisión del pleno para concluir el acto a las 7:52 p.m.
